Redacción/Cortesía Tamaulipas sin censura
El corredor Tampico–Altamira–Madero vuelve a estar en el centro de una red de corrupción que conecta viejos escándalos con nuevos negocios.
En 2019, José Luis Terán Álvarez apareció en los leaks de Drousys: su firma TTG Asociados y satélites como PLC Servicios y Blunderbuss triangularon más de 13 MDD en sobornos de Odebrecht. El SAT declaró fantasma a PLC tras facturar más de 180 MDP en contratos públicos.
Hoy, bajo la 4T, el apellido Martínez Zapata —ligado a Audomaro, exjefe del CNI y socio de Terán Álvarez— reaparece en los negocios de Pemex con la empresa Operadora de Combustibles GSC Sureste, vinculada a Grupo Centurión. Entre 2019 y 2023 sumaron 69 contratos federales por más de 523 MDP.
Dos rutas distintas, un mismo patrón: simulación financiera, poder político como blindaje y desvíos disfrazados de contratos legales.
El Departamento de Justicia de EUA ya sigue la pista de estas operaciones.
La pregunta es inevitable: ¿por qué en México nadie vio —o quiso ver— estas conexiones?
